Indigna Oprobioso Proceder del Poder Judicial

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Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– “Un grupo de abogados famosísimos hasta se anunciaban diciendo: ‘Yo saco a cualquiera de la cárcel’, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Algunos de ellos habían estado de senadores y diputados y ya habían arreglado las leyes a modo. Además, tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, con jueces, magistrados y ministros. Pero todo eso ya se terminó”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el martes en su conferencia matutina.

No necesitaba decirlo, porque esa sensación existe en los mexicanos. En las últimas semanas, quizás meses, las redes han escenificado una verdadera movilización ciudadana en contra del Poder Judicial. Una serie de amparos y suspensiones temporales para evitar que personas vinculadas con el crimen y la corrupción enfrenten a la justicia, así como el tema de transferencias millonarias a cuentas personales e incluso los salarios que se asignan ministros y magistrados han puesto en duda su labor en México. Apenas hace unos días, miles de usuarios colocaron el hashtag #RenovarPoderJudicialYa para señalar también la poca transparencia y los excesos de un supra poder que contrasta en una Nación de 53.4 millones de pobres.

 

Hay casos donde un mismo juez otorgó amparos a Emilio Lozoya; al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalado por presunto lavado de dinero. También hay jueces y magistrados acusados de favorecer a la constructora OHL en el Estado de México mientras en España está bajo presión permanente.

Otro caso es el de la juez de control de Chihuahua, María Guadalupe Hernández Lozano, quien otorgó un amparo que anula una orden de aprehensión contra el ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, por la causa penal 1841/17, en la que se le acusa de entregar 2 millones 420 mil pesos del erario al ex Diputado por Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez, a cambio de su apoyo para aprobar la bursatilización de bonos carreteros.

Pero de los casos que más generaron polémicas es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, quien realizó transferencias millonarias a Gran Bretaña y Estados Unidos y esos datos fueron ventilados públicamente.

Otros jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales, entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien pesa una orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por medio de estos recursos legales, Lozoya libró la prisión desde 2017, pero su suerte cambió esta semana: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los jueces que concedió recursos legales a Lozoya es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 7 de noviembre de 2017 le otorgó una suspensión definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.

Otros jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales, entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

Esta misma jueza también ha beneficiado con recursos legales a personajes vinculados a casos de presunta corrupción. El 3 de mayo de este año otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es señalado por presunto lavado de dinero.

A la lista de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en el año 2017.

Otro caso es el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, quien en abril de 2018 anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora OHL (hoy Aleatica), demandada por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario.

El abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de la constructora OHL en México, presentó el 10 de octubre de 2017 una denuncia en contra de este juez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante el temor de que pudiera incurrir en un caso de corrupción y favorecer a la constructora, lo que finalmente ocurrió.

Díez Gargari ha presentado hasta el momento tres denuncias en contra de jueces y magistrados por favorecer a la empresa OHL.

Un juez concede 2 suspensiones definitivas y Santa Lucía entra a la congeladora por buen rato

Esta semana el juez Burguete García también concedió dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Lizbeth Padilla Sanabria, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que un juez otorgue un amparo no necesariamente significa que esté implicado en un acto de corrupción.

La académica explicó que en México toda persona tiene derecho a un amparo y puede usar este recurso todas las veces que considere que se le está violando un derecho.

“Así sea un secuestrador, lavador de dinero o el corrupto más terrible, se le va a tener que otorgar el amparo porque tiene derecho al debido proceso”, explicó en entrevista.

En México existen dos tipos de amparo: directo e indirecto. El primero se hace cuando la sentencia es definitiva o cuando alguna autoridad pone fin a un juicio o procedimiento, y el segundo se hace con cualquier tipo de actuación que no pone fin al juicio, sino que al final del día el quejoso considera que se violan derechos humanos, como los amparos concedidos a Emilio Lozoya.

“Cuando se da un amparo para ser detenido depende del delito, por ejemplo, en el caso de Lozoya y su hermana están hablando de recursos de procedencia ilícita que ya ameritan prisión oficiosa y son considerados como delitos graves, y el amparo en primer término no les sirve de nada porque lo único que hace es que se pongan a disposición con un juez de amparo, quien a su vez va a revisar con el juzgado de distrito para ver que sea correcta la medida cautelar y si considera que es apegada a derecho, pues simplemente los detiene ahí mismo”, detalló la académica de la UNAM.

La doctora Padilla Sanabria consideró que en varios casos las autoridades que investigan no están capacitadas y no saben cómo obtener pruebas, por eso los amparos se incrementan y las personas, aunque sean corruptas, quedan absueltas. “Algunos reclaman que por qué se otorgan amparos o descongelan las cuentas, pero la justicia no tiene nada que ver con el Estado de Derecho”.

Padilla Sanabria aclaró que los amparos no tienen vigencia, pero la suspensión provisional sí porque se otorga en lo que dura el trámite del amparo.

Insistió en que la falta de capacitación de las autoridades provoca que, en algunos casos, actúen no conforme a la norma jurídica. “Yo creo que jurídicamente las cosas no las están llevando bien y esto trae como consecuencia que se otorguen amparos a las personas acusadas de delitos como corrupción o lavado de dinero, estas personas tienen derechos humanos y uno de ellos es el debido proceso”.

Para el abogado Paulo Díez Gargari el tema de la corrupción en el Poder Judicial genera una frustración social porque la ciudadanía cree que no hay puertas abiertas por ningún lado.

“El tema de la corrupción en el Poder Judicial es importante porque hay jueces que hacen un daño enorme, generan una frustración en los ciudadanos. Si no podemos confiar en las personas que están para impartir la justicia, entonces qué alternativas tenemos como sociedad”, dijo en entrevista

 

Información completa

(https://www.sinembargo.mx/19-06-2019/3598447)

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